INE anulará triunfo de candidatos judiciales que tengan condenas por violencia de género

El Instituto Nacional Electoral (INE) anulará el triunfo de los candidatos a algún cargo del Poder Judicial que sean deudores alimentarios, cuenten con sentencia firme por delitos contra las mujeres o se encuentren prófugos de la justicia, para ello aprobó este día el mecanismo para constatar que los aspirantes no incurran en algún impedimento para desempeñar un cargo de elección popular.
A partir de 25 de abril, el INE habilitará en el micrositio de la elección judicial un espacio para que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil denuncien si algún candidato cuenta con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Los ciudadanos y organizaciones también podrán acudir a los Consejos Locales y Distritales del INE a denunciar a los candidatos que incumplan con la 8 de 8 contra la violencia contra las mujeres.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado afirmó que aún están a tiempo de impugnar a los aspirantes de la elección Judicial de 2025 que no son idóneos
Los candidatos deberán enviar a través del sistema Conóceles la declaración en la que la persona candidata a juzgadora declara de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos de dichas fracciones.
Adicionalmente, todas las personas candidatas a juzgadoras deberán presentar el certificado de no deudor alimentario ante los Consejos Locales o Distritales, según corresponda, o bien a la Oficialía de Partes de las oficinas centrales del Instituto.
Una vez recabadas las denuncias, la Secretaría Ejecutiva del INE realizará requerimientos de información para elaborar el anteproyecto de resolución, mismo que tendrá que ser aprobado por el Consejo General a más tardar el 15 de mayo.
La consejera Dania Ravel afirmó que la implementación de la 8 de 8 representa un avance significativo para erradicar la violencia contra las mujeres y dijo que exijir su cumplimiento no es una medida punitiva sino una exigencia mínima de integridad para las personas que van ocupar cargos públicos relevantes.
“Permitir que personas con antecedentes de violencia tomen decisiones judiciales, erosionaría la legitimidad de estos órganos y perpetuaría la impunidad, por lo que, más que un filtro, la medida 8 de 8 es una exigencia social y un instrumento que responde a años de lucha por parte de las mujeres y de los movimientos en favor de los derechos humanos, que nos interpelan como autoridad electoral, actuar con responsabilidad, firmeza y coherencia”, dijo.
La consejera Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, expresó rechazo al proyecto al advertir que los consejeros excederían las facultades que les confiere la Constitución y representaría una carga para las candidaturas en pleno desarrollo de las campañas electorales.
Incluso afirmó que la revisión ya fue practicada por los Comités de Evaluación y se duplica la solicitud a los candidatos de presentar una carta en la que afirman no ser deudores alimentarios o condenados por violencia contra la mujer; sin embargo, la consejera Claudia Zavala recordó que el Comité del Poder Judicial no hizo la evaluación y por lo tanto no tienen ni siquiera esas cartas.
La consejera Zavala también descartó que el cumplimiento de la norma constitucional represente “una carga que no puedan cumplir las personas candidatas”, pues es el cumplimiento de una obligación constitucional.