La seguridad infantil: responsabilidad de todos
El concepto de seguridad en la infancia trasciende la simple prevención de agresiones físicas. Implica garantizar entornos donde prevalezcan el cuidado, la confianza, la estabilidad emocional, la protección activa y la capacidad de anticipar y prevenir riesgos. Sin embargo, la realidad demuestra que este ideal está lejos de cumplirse.
En Ciudad Juárez, diversos medios han reportado hechos alarmantes: la Fiscalía General del Estado investiga más de 70 casos de abuso sexual infantil en al menos cinco guarderías. Estas noticias estremecen, indignan y nos confrontan como sociedad. Nos obligan a reconocer una verdad incómoda: la seguridad infantil sigue siendo una deuda pendiente del Estado y de la comunidad, precisamente en espacios que deberían ser sinónimo de protección y desarrollo.
La magnitud del problema exige atención inmediata e integral. No basta con reaccionar cuando los hechos ya ocurrieron; se requieren esquemas de protección efectivos, donde la prevención estructural y sostenida sea prioridad. Esto implica implementar políticas públicas eficientes, en las cuales el interés superior de la niñez sea el eje rector.
Prevenir el abuso infantil requiere que la sociedad asuma su responsabilidad con claridad y compromiso. Madres y padres, como primeros responsables, deben estar atentos a cambios de conducta, miedos repentinos, retraimiento, rechazo a ciertas personas o conductas sexuales no acordes a su edad. Es fundamental supervisar con quién conviven los menores, enseñarles a decir “no” ante cualquier situación incómoda y fomentar la comunicación. El abuso infantil suele darse en círculos de confianza, por ello la familia debe ser vigilante y romper el silencio frente a conductas inapropiadas, evitando convertirse en cómplice por omisión.
Las instituciones educativas, guarderías, centros de atención infantil, cuidadores, docentes y personal de apoyo tienen responsabilidad legal, ética y directa en la prevención, detección y atención de casos de abuso. Cuando estas no actúan responsablemente, incumplen su deber y se convierten en cómplices. No basta con “estar atentos”, se requiere una estructura institucional sólida y personal preparado, enfocados en el bienestar infantil. Deben contar con protocolos de actuación, alineados con la normatividad vigente, manuales de conducta profesional con límites claros y mecanismos de sanción, además de comités de protección con participación de personal, familias y especialistas.
Deben aplicarse filtros estrictos en la contratación del personal, verificando antecedentes penales, evaluaciones psicométricas, entrevistas especializadas, exámenes médicos y revisiones periódicas del estado emocional, incluyendo estudios antidoping. La capacitación debe ser continua y obligatoria, especialmente en derechos de la niñez, detección de señales de abuso, educación emocional y mecanismos de denuncia. Además, deben garantizarse entornos físicos seguros: aulas abiertas, zonas de juego visibles, baños con acceso controlado, cámaras de videovigilancia, y prohibición de prácticas como encierros o castigos humillantes.
Estas instituciones deben mantener comunicación constante con madres y padres, fomentar la corresponsabilidad mediante talleres sobre crianza respetuosa y prevención de abuso, y contar con personal capacitado para brindar atención inmediata y canalizar los posibles casos a instancias competentes como Fiscalía General del Estado, DIF Municipal, o SIPINNA, siempre con respeto y confidencialidad, evitando la revictimización.
El Estado, en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, tiene la obligación jurídica, constitucional, convencional y ética de garantizar la protección integral de la niñez. Debe diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos y de infancia, asegurando dicha protección, especialmente en espacios de cuidado y escolares. Por tanto, debe generar programas de capacitación y certificación para el personal que trabaja con menores, establecer mecanismos de denuncia accesibles, fortalecer las procuradurías e instancias de protección, atender integralmente a las víctimas y sancionar a los responsables, incluyendo a quienes, por omisión, faciliten el abuso.
La comunidad tiene un papel clave en la cultura de protección: no puede ser indiferente ni guardar silencio ante situaciones de abuso o negligencia. Debe promover espacios seguros, denunciar riesgos, exigir la aplicación de protocolos y participar activamente en campañas de sensibilización y prevención.
Las infancias merecen crecer en espacios que las protejan, las escuchen y las respeten. Su seguridad es responsabilidad de todos, es una obligación compartida, impostergable y profundamente humana. No basta con buenas intenciones, requiere de compromisos reales y acciones concretas. Cada abuso que ocurre representa una herida colectiva, una falla estructural y una omisión imperdonable. Es necesario construir una cultura de cuidado, respeto y vigilancia activa que les garantice entornos seguros Solo así podremos aspirar a una sociedad verdaderamente justa, solidaria y libre de violencia.
Rosa Isabel Medina Parra / Doctora
