Violencia en la educación: un problema silencioso
Ciudad Juárez.- La relación entre docentes, directivos escolares y estudiantes debe basarse en el respeto mutuo, el compromiso con el aprendizaje y el bienestar de todas las partes involucradas. Sin embargo, en algunos espacios escolares, donde el personal docente carece de formación pedagógica o andragógica (educación de adultos), pueden surgir conductas inadecuadas. La violencia tiene muchas caras y está presente incluso en entornos educativos.
Algunas investigaciones evidencian expresiones tan relevantes como el abuso de autoridad docente, mismo que implica el uso indebido o excesivo del poder por parte del personal docente y directivo en su relación con el estudiantado, al imponer conductas o actitudes que afectan su bienestar emocional, psicológico, físico y académico.
Este comportamiento puede manifestarse de diversas formas: a) El docente ofrece a los estudiantes un trato despectivo o humillante, utilizando un tono de voz agresivo, irónico o insultante para menospreciar a los estudiantes o a sus entornos, familias, amigos, preferencias, etc., ya sea de forma verbal o no verbal, b) Se dirige a los estudiantes utilizando lenguaje ofensivo, obsceno o grosero, c) Ejercen abuso verbal o físico mediante insultos directos, gritos, amenazas o incluso agresión física (en casos extremos), buscando intimidar o coaccionar al estudiante, en lugar de educarlo de manera constructiva, d) Mantienen desigualdad en el trato, mostrando favoritismos hacia ciertos estudiantes o grupos y tratando injustamente a otros, afectando la equidad en el aula, e) Piden favores personales a cambio de calificaciones o privilegios, f) Limitan o impiden la libertad de expresión de los estudiantes, eliminando la posibilidad de diálogo, creando un ambiente de miedo y sumisión, y g) Mantienen una rigidez excesiva en las normas sin justificación académica, por señalar algunas.
Estas y otras formas de violencia asociadas con el abuso de autoridad docente, crean un ambiente de inseguridad, ansiedad y desconfianza, donde los estudiantes pueden sentirse vulnerables, incapaces de expresar sus opiniones o de desarrollarse plenamente. Entre los efectos inmediatos y evidentes se encuentran el impacto emocional y psicológico, que se traduce en estudiantes inseguros, con baja autoestima y estrés constante. En casos más graves, pueden desarrollar depresión o ansiedad generalizada. Las conductas autoritarias o punitivas del personal docente y directivo afectan gravemente la motivación y el interés por continuar estudiando, al percibir el aprendizaje como una carga, en lugar de una oportunidad para su crecimiento intelectual.
La falta de un ambiente de respeto mutuo disminuye las ganas de aprender. Los estudiantes desarrollan sentimientos de injusticia, especialmente si sus esfuerzos no son valorados, si son maltratados o discriminados, limitando su capacidad para asumir roles de liderazgo. El abuso de autoridad docente no solo afecta al estudiantado a nivel individual, sino que puede generar una cultura institucional de miedo y sumisión, así como una profunda desconfianza en el sistema educativo en general. Quienes han sido víctimas de estas violencias, cuestionan la integridad de las instituciones educativas y la efectividad de sus procesos, afectando la calidad del aprendizaje y el compromiso de los estudiantes con su educación, ya que las perciben como espacios donde prevalecen la injusticia y la arbitrariedad.
Si dichos estudiantes son víctimas o testigos de comportamientos abusivos por parte del personal docente o directivo y no se toman medidas para sancionarlo, este se normaliza y se convierte en parte del ambiente escolar. Esta cultura no solo desincentiva la participación activa de los estudiantes y limita el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades esenciales en el mundo profesional, sino que se establece un modelo que los estudiantes podrían replicar, perpetuando así un ciclo de abuso y falta de respeto en la sociedad en general.
Ciertamente, los procesos educativos han ido evolucionando y mejorando considerablemente. Sin embargo, es necesario dejar de normalizar estas formas de violencia. Como sociedad, debemos prestar atención y colaborar en la identificación del abuso de autoridad docente, no solo para señalarlo, sino para contribuir a su atención y erradicación. Por su parte, las instituciones educativas deben implementar políticas efectivas de prevención; y aquellas que estén experimentando el fenómeno, también deben generar mecanismos de apoyo, capacitación, formación, atención y sanción. Solo así podrán garantizarse espacios educativos donde los estudiantes se desarrollen plenamente, sin temor a ser víctimas de abuso por parte de quienes tienen la responsabilidad de guiar su formación.
Rosa Isabel Medina
