El problema de la deportación masiva

Durante toda su campaña presidencial, Donald Trump estuvo amagando con deportar masivamente a personas indocumentadas en Estados Unidos. Es parte de su retórica; Trump sabe que le está hablando a su base electoral, y su base electoral es justo lo que quiere escuchar. Curiosamente, las baterías van enfocadas a los latinoamericanos (especialmente mexicanos) no así a ciudadanos de Europa (quienes ni siquiera necesitan visa para entrar a Estados Unidos) lo que nos refleja que se trata de un tema racial, no de control migratorio.

A pesar de todo esto, Trump no ha sido el Presidente que más personas ha deportado. Las cifras varían según la fuente, pero casi todas coinciden en que en la administración de Barack Obama (de 2009 a 2017) se deportaron cerca de cinco millones de personas (a razón de 625,000 personas por año) mientras que en la primera administración de Trump (2017-2021) se deportaron cerca de un millón y medio de personas (a razón de 375,000 por año). La diferencia es que la administración de Barack Obama no construyó una narrativa xenofóbica ni racista a través de la deportación. Esto en virtud que, desde el punto de vista estrictamente legal, todo gobierno tiene la potestad de expulsar de su país a aquellas personas que no cuenten con el estatus legal requerido para estar ahí. Es cruel, pero la ley es la ley.
La narrativa oficial en México siempre va encaminada a ‘proteger’ a nuestros migrantes en Estados Unidos. Resulta irónico que un gobierno trate de ‘proteger’ a sus ciudadanos fuera del país cuando fue justamente esa falta de protección (reflejada en inseguridad o faltas de oportunidades de empleo) una de las razones para que justamente esa persona decidiera abandonar México y se fuera a Estados Unidos.

En lo personal, siempre voy a defender a nuestros paisanos en el extranjero, sin embargo, entiendo que Estados Unidos (y cualquier otro país) quiera poner límites en relación de quién entra y quién no entra a su país. Es una facultad discrecional de cada país.
Por su parte, en México no cantamos mal las rancheras. Desde que López Obrador asumió el poder, la autoridad migratoria ha sido cada vez más intransigente en la admisión de extranjeros a México. Esto evidentemente se debe a la presión que ejerce Estados Unidos para el efecto de que se frene el flujo migratorio que tiene como destino sus fronteras, no las nuestras.
Por eso resulta bastante irónico que los agentes migratorios estén en Juárez revisando los papeles de quienes llegan a Juárez desde otra ciudad del país, en vez de destinarlos a los puntos de ingreso (en los puentes) o incluso a la frontera sur, justamente para evitar que más personas ingresen a México (si es precisamente lo que buscan hacer).
A pesar de todo lo anterior, no estoy tan seguro que los hechos y las metas del gobierno americano tengan por objeto impedir la migración o la permanencia de indocumentados en Estados Unidos. En ocasiones creo que es más que nada narrativa. Precisamente los números de deportaciones en la primera administración de Trump dan cuenta de ello.

Los vecinos del norte se han aprovechado por años de la mano de obra barata que prestan nuestros paisanos en Estados Unidos. El migrante mexicano va a Estados Unidos a trabajar en roles que los residentes legales no quieren llevar a cabo. Esto implica que los salarios que reciben muchas veces están incluso debajo del mínimo en Estados Unidos. Evidentemente no reciben seguridad social, ni tampoco aportan a fondos de retiro. Toda esta maraña de informalidades, le permite al empleador norteamericano producir con costos menores y por ende, sus precios serán menores.
Los mexicanos son empleados en todas las áreas. Una de ellas es justamente el campo. Los migrantes originarios de poblaciones rurales se emplean en California, Arizona o Texas en las labores del campo. De concretar Trump una deportación en estas áreas, los precios del producto del sector se incrementarían, pues no habría residentes legales que quisieran trabajar de sol a sol a cambio del salario mínimo.
Lo mismo sucede en el área de la construcción. Los que llevan a cabo las labores de albañilería, fontanería, carpintería y todo lo inherente a esta industria, son en su mayoría mexicanos y centroamericanos. En gran medida, son los únicos que quieren llevar a cabo estas labores a cambio del salario que ofrecen los constructores. Para poder construir tendrían que contratar personas residentes que estuvieran dispuestas a hacer ese trabajo a cambio del salario que se ofrece. Lo más seguro es que no las encuentren y tengan que aumentar el salario, y por ende, subir el precio final de su producto y servicio.
De ninguna manera estoy justificando que las cosas deban seguir así para que los mexicanos reciban su salario y los norteamericanos paguen menos por sus productos y servicios. Simplemente señalo que es una anormalidad legal y económica en la que las partes han salido beneficiadas, y ahora una de las partes quiere echarse para atrás sin conocer las consecuencias que esto traería.

En pocas palabras, Estados Unidos se ha beneficiado de la mano de obra barata, aunque también lo ha hecho México con la recepción de remesas que se inyectan a la economía nacional año con año. Sería una situación compleja para ambos países prescindir de este esquema de un día para otro. Esto ya lo había referido Sergio Arau hace veinte años en la película “Un día sin mexicanos”.
Lo lógico es que las agencias gubernamentales americanas, las organizaciones empresariales y las propias empresas conozcan esta situación. Sin embargo es un contexto del que pocos hablan, porque incluso está sancionado contratar a personas que no cuenten con el estatus legal correspondiente. Por eso lo más cómodo para todos ellos es no hablar del tema.
El gobierno debe tener medido el impacto que causaría deportar a once millones de personas. En algún momento tiene que actuar, o cuando menos, dar la ilusión de que está actuando. Sin embargo, una medida como la que plantea Trump, sería catastrófica para ambos países.
Hemos visto recientemente situaciones que han acontecido en El Paso, Texas, una ciudad que no había tenido redadas antiinmigrantes visibles como las que se ha publicado en últimos días. Evidentemente habrá deportaciones, pero no creo que aquellas que el gobierno norteamericano ha estado anunciando de forma reiterada. De alguna manera tienen que poder decir que están cumpliendo lo que prometieron.
Por otro lado, el gobierno americano ha establecido exigencias al gobierno mexicano para frenar a los migrantes y el flujo de fentanilo al norte. México ha solicitado que se deje de enviar armas a México. Creo que cada país es responsable de sus propias fronteras. Creo que para empezar a hablar con toda seriedad en el contexto de la relación bilateral, México debe impedir la importación de armas y Estados Unidos la importación de droga. A partir de ahí, y de las responsabilidades de cada una de las partes, se pueden alcanzar mejores acuerdos.

Sixto Duarte