Desplazó a más de 600 guerra entre narcos

Chihuahua.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportó que el año pasado fueron atendidas 606 víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en comunidades de Guadalupe y Calvo, en seis intervenciones realizadas por la instancia y otros organismos públicos.

A consecuencia de los enfrentamientos entre grupos criminales, los desplazamientos de personas están concentrados en esa región que forma parte del llamado Triángulo Dorado de las drogas (Chihuahua, Sinaloa y Durango), en un nivel sin precedentes en la entidad.

En el informe anual 2024 que la CEDH entregó al Congreso del Estado, el organismo autónomo asegura que aborda el fenómeno de violencia asociado al desplazamiento forzado interno a través de acciones concretas, como son las visitas a los territorios afectados, realización de entrevistas con las personas afectadas, así como la gestión y canalización a las instancias correspondientes.

Señala que la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) encabezan los esfuerzos institucionales en los que, además, participan la Secretaría de Hacienda del Estado, la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado (FGE), en la aplicación de un plan de atención a personas y núcleos familiares que han sido víctimas del delito de desplazamiento forzado interno. Estos organismos conforman la Comisión de Desplazamiento Forzado en Chihuahua, a través de la cual han sido atendidas las personas detectadas en esta situación o en riesgo de estar obligadas a salir de sus lugares de residencia, principalmente por la violencia.

El informe de la CEDH asienta que, de esta forma, durante 2024 se desplegaron diversas intervenciones; sin precisar la fecha ni el lugar específico, señala que la primera fue en la comunidad de Cinco Llagas, donde ocurrieron hechos de violencia que provocaron múltiples enfrentamientos. En dicho lugar atendieron un aproximado de 120 personas, entre niñas, niños, adolescentes, personas adultas y de 60 años de edad o más. Este grupo, estaba conformado por habitantes de las comunidades de: Pie de la Cuesta, El Silverio, Las Casas y El Cajoncito, entre otras. Posteriormente, en el seccional de Baborigame, región que padece este delito desde años atrás, fueron atendidos al menos 50 mujeres y hombres, provenientes de las comunidades de: Las Casas, El Silverio, El Cajoncito y Coloradas de la Virgen, entre otras.

De la misma forma, en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo realizaron una intervención con habitantes de las comunidades de: El Muertecito, San Ignacio de Los Sotelo, El Nopal, Nuestra Señora, Borrego Quemado, Curecitas, El Bajío y Llano Grande, entre otras, siendo alrededor de 170 personas apoyadas. “Asimismo, se dialogó con los liderazgos de las comunidades y docentes, para encontrar soluciones que beneficien a las y los afectados”, relata el informe anual del organismo estatal. Posteriormente, también en la cabecera municipal, fueron atendidas 130 personas provenientes de las comunidades de Dolores, El Carnero, San Miguel, El Palmito y El Nopal, entre otras. En esa misma ocasión registraron un aproximado de 160 personas de la comunidad de El Pinito.

Además, en la ciudad de Parral fueron atendidas 76 mujeres y hombres provenientes de las comunidades de: Dolores, El Carnero, San Miguel y El Palmito, quienes también señalaron la necesidad de trasladarse fuera de sus lugares de residencia, a consecuencia de la violencia.

“Resulta importante resaltar que la mayoría de las víctimas con las que realizaron alguna intervención a lo largo del año 2024 pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Igualmente destaca que, si bien se brinda el apoyo y la atención, no han recibido queja alguna, pues la mayoría sólo manifiesta querer regresar a su comunidad, siempre y cuando garanticen su seguridad”, asienta el documento.

Problemática creciente en este año

El apartado del informe de la CEDH dedicado al desplazamiento forzado no tiene precedente alguno en los anteriores reportes del organismo, pues en el de 2023 asentaba la existencia del problema, pero no aportaba cifras de la atención brindada por las instancias estatales. “En los meses de septiembre y noviembre (de 2023), de manera interinstitucional, atendieron a personas provenientes de las comunidades de Santa Tulita, Mala Noche, Puerto de Mala Noche y El Riyito, entre otras localidades del municipio de Guadalupe y Calvo”, asienta el informe correspondiente a ese año, durante el cual logró crearse el tipo penal de este delito e integrarse al código correpondiente.

Los informes de años anteriores ni siquiera visualizan este problema, que ha crecido en los últimos meses debido a la confrontación de facciones del Cártel de Sinaloa que dominan amplias porciones de la región, con grupos o células del Cártel de Juárez, que han logrado penetrar algunos territorios.

El Diario publicó el 17 de diciembre del año pasado que decenas de familias dejaron el pueblo de Dolores forzadas por los enfrentamientos a balazos entre grupos criminales, de acuerdo con habitantes del municipio de Guadalupe y Calvo, donde otras 14 localidades también han registrado salida de personas durante el año.

El poblado del municipio serrano está ubicado a más de 500 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, en un trayecto que, por tierra, requiere de alrededor de ocho horas de camino; está en los límites con el estado de Sinaloa, en la región conocida como Triángulo Dorado de las drogas.

Dolores es una de las 10 secciones municipales que tiene Guadalupe y Calvo para su administración; dentro de las mismas, existen más de mil comunidades, rancherías o localidades rurales, conectadas principalmente por brechas y por telefonía satelital, lo que dificulta el acceso de autoridades de los tres niveles de gobierno. “Desde la semana pasada circularon diversas versiones de enfrentamientos en las afueras de Dolores y los pueblos alrededor, como San Rafael, Las Mesitas, El Cajoncito y otras. Incluso, de otras poblaciones circularon videos donde captaban el sonido de armas de grueso calibre entre los pueblos, producto de la gresca entre grupos delincuenciales que disputan el control de la región”, de acuerdo con la publicación de este rotativo.

“Ayer, pobladores pusieron a circular nuevos videos donde se aprecian viviendas, algunas personas y varias camionetas y pickups cargadas de pertenencias de pobladores que abandonaron el lugar ante los riesgos a su integridad que provoca la violencia en la región”.