La Política Migratoria de Trump

El problema de la migración en Centroamérica, Venezuela y México, continuará siendo una situación que estos gobiernos deberán atender y resolver a la par de las medidas de expulsión que aplicará Donald Trump. El próximo 20 de enero tomará protesta como presidente de los Estados Unidos de América y a partir de entonces su política inmigratoria comenzará a funcionar.

Países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Honduras, dadas sus condiciones socioeconómicas, son los que mayor abandono registran entre sus ciudadanos, quienes salen de sus naciones en busca de una superación o estabilidad financiera.
De acuerdo a fuentes profesionales que fueron consultadas, los pobladores centroamericanos y venezolanos, declararon que los bajos o nulos ingresos que perciben, les son insuficientes para subsistir tanto ellos como sus familias, por ello se aventuran a la conquista del “sueño americano”.

Se cree que, enseguida de los sucesos originados por el Covid-19, las condiciones económicas empeoraron desde el momento que sus gobiernos no supieron aplicar las acciones necesarias para enfrentar y vencer la larga ausencia de movilidad monetaria. Por el contrario, otros países aprovecharon esta crisis sanitaria y capitalizaron sus estrategias con la captación de inversiones extranjeras, incluso, fortalecieron las propias, siempre con el objetivo de conservar y generar más empleos y mejor remunerados.
En algunos artículos consultados, se lee que alrededor del 50% de las personas que emigran a otros países, oscilan entre los 18 y los 29 años de edad; luego, un 25% son adultos de entre 30 a 44 años. En el año 2019, tan sólo la población total de El Salvador era de 6,704,844 personas, y de éstas, 3,321,267 estuvieron en el rango de los 15 a los 29 años de edad, pero, ¿qué hubiera sucedido si al menos el 50% de este grupo etario se hubiera aventurado a abandonar su país?

Lo mismo en Honduras. Su población en el año 2020 era de 9,904,608, de las cuales 4,997,278 están en el mismo rango juvenil.
Razones sobran, más no se justifican: en la región centroamericana y en Venezuela, la mano de obra es poco calificada sumado a que existe escasez de ella. En estas naciones como en México, no han captado la suficiente inversión privada y pública para su desarrollo; nadie puede negar que hay rezago en infraestructura para atraer inversiones e impulsar así su crecimiento económico; también la violencia y la inestabilidad social permiten que no se tenga un ambiente favorable para la inversión.

Opinan analistas: “el problema por la falta de trabajadores altamente calificados se puede resolver mediante programas de adiestramiento con sus propios ciudadanos nativos y mediante la contratación de personal provenientes de otros países”. Asimismo, y no suena nada descabellado, que a mediano plazo estos gobiernos planeen invertir más en educación.
Y es que además, en este mismo contexto, para que un país sea atractivo para la inversión local y extranjera, necesita tener fuentes confiables de energía, vías de comunicaciones modernas y conectividad a nivel global, seguridad, finanzas sanas y educación profesional ad hoc a las necesidades del momento, pero para planear y coordinar la construcción de esta infraestructura y ejecutar los planes, se requiere la cooperación de los propios gobiernos. Es un todo.
Ahora bien, ¿qué propone Donald Trump en materia de inmigración?
Se recordará que el próximo mandatario de los Estados Unidos, hizo de este tema una estrategia proselitista con la que ganó adeptos. Así es que, para este segundo mandato presidencial, el tema de inmigración será una constante.

Trump prometió, en uno de sus duros discursos, que hará valer la ley para expulsar de Estados Unidos a los miembros de pandillas, traficantes de drogas o miembros de cárteles conocidos o sospechosos, incluso, hará transferencias masivas aplicando la Ley federal de Inmigración.
También sostuvo que prohibiría los viajes desde Gaza, Siria, Somalia, Yemen, Libia “o cualquier otro lugar que amenace nuestra seguridad”.
En una de las declaraciones hechas por Trump a la revista Time, dijo que sus planes de deportación masiva apuntarían a entre 15 millones y 20 millones de personas que, según él, permanecen como indocumentadas en territorio estadounidense. “Estos no son civiles”, al referirse a los migrantes. “Estas son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión de nuestro país”.

El caso es, estamos hablando que de ejecutarse, será “la operación de deportación doméstica más grande en la historia de EE.UU”.
Los expertos creen que cualquier camino que elija la entrante administración federal, sería complicado y costoso; se habla de miles de millones de dólares necesarios para financiar la deportación masiva como por los significativos efectos colaterales que impactarían en la economía.
No debemos perder de vista que la enorme y gran cantidad de indocumentados que expulsará el gobierno norteamericano, será por nuestras fronteras del norte del país, donde por ende, nos generará mayor incidencia delictiva, tráfico de drogas y crisis económica, esto es, cuando empresas se retiren y otras más prefieran no invertir en esta zona.
Y es que así como nuestra nación aceptó permitir la devolución de migrantes no mexicanos a su territorio, también los países centroamericanos fueron presionados para firmar acuerdos bajo la amenaza de perder la ayuda internacional y sufrir aranceles más elevados.

En Estados Unidos han despertado reacciones encontradas a los planes de Donald Trump. Para propios y extraños, ha habido un crecimiento de sectores defensores de los inmigrantes como autoridades religiosas, fiscales generales demócratas y ciudadanos comunes.
Cada vez despiertan ciudadanos norteamericanos que se oponen al sistema de detención de inmigrantes, como también ha crecido la ayuda de donaciones individuales, fundaciones filantrópicas y organizaciones sin fines de lucro que defienden la causa en representación de los inmigrantes.
Por lo pronto en los estados gobernados por demócratas, desafían sus medidas en los tribunales estatales y federales. La Cámara de Representantes, liderada por el Partido Demócrata, ha introducido leyes para proteger a los inmigrantes y frenar las medidas del presidente, y ha celebrado audiencias sobre detención de inmigrantes, separación de familias y otros asuntos relacionados. Lamentablemente y debido a que el Senado tiene mayoría republicana, ninguna de estas iniciativas ha tenido éxito.
Si bien es cierto, México es un país de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos, también es cierto que la travesía que estas personas se aventuran a realizar está llena de peligros. Los migrantes enfrentan un ambiente hostil donde la falta de estatus legal los expone a extorsiones, secuestros y violencia.
Como dato interesante y según información de la Organización Internacional de Migración, el 13% de los migrantes que murieron en México durante el año 2023, fue por accidentes en medios de transporte precarios; un 11% falleció por heridas o enfermedades relacionadas con la exposición a climas extremos o flora y fauna nociva.
En conclusión, en México no nos quedamos atrás con la problemática inmigratoria. Las autoridades de los tres niveles de Gobierno no se han puesto de acuerdo para generar acciones de concientización, ni han actualizado políticas para estimularles su regreso al país de origen.
El hecho es, los indocumentados en México siguen siendo blanco de los grupos delictivos que ven en ellos piezas claves para la realización de acciones como tráfico de personas, prostitución, comercialización de drogas y engrosamiento de filas como “soldados” en defensa y empoderamiento de los cárteles.
En su papel de negación, muchos indocumentados han sido secuestrados, asesinados, desaparecidos y extorsionados.
Desde este espacio y como un ciudadano más, preocupado, como seguro estoy, miles más lo piden, es tiempo de que el Instituto Nacional de Migración se ponga las pilas y trabaje en un esquema efectivo que frene el tránsito de migrantes centroamericanos y de Venezuela, así como para que garantice una estancia y repatriación a los millones de personas que Trump sacará de los Estados Unidos y los conducirá desde su frontera sur.
Esta es mi humilde opinión.

Javier Realyvázquez