La prohibición constitucional del ‘vapeador’

Dice un dicho en inglés que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Concretamente se refiere a que no bastan buenas intenciones, sino buenas acciones. Igualmente, que las consecuencias de determinadas acciones pueden ser distintas a las intenciones con que determinados actos se realizan. Y creo que este dicho cobra vigencia especialmente en estos tiempos.

Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional para el efecto de prohibir la distribución, comercio y uso de los famosos ‘vapeadores’. En este caso, el legislador decidió catalogarlos en la misma categoría que el fentanilo, situación que resulta irrisoria.

Las leyes regularmente atienden a una problemática social. Sin embargo en esta ocasión, mucho se ha dicho que la realidad es que López Obrador tenía una obsesión con los vapeadores porque su hijo Jesús Ernesto abusaba en el uso de los mismos y tuvo una crisis médica como consecuencia de ello.

Los vaporizadores son una alternativa menos dañina que el cigarro, y han servido a muchas personas para poder superar el tabaquismo. Pero en esta exrepública, ahora convertida en un feudo obradorista, los deseos del Señor Feudal de Macuspana son prohibirlos para que su hijo (quien por cierto vive en Londres, donde el vaporizador es completamente legal) no acceda a ellos.

Los discursos de que son una medida para salvaguardar la salud de los mexicanos son solamente eso: discursos. El gobierno no puede salvaguardar la salud de los mexicanos cuando ni siquiera puede salvaguardar la vida. Tanto la crisis hospitalaria en el sector salud, como la violencia excesiva que se vive en el país dan cuenta que las prioridades de este gobierno no son ni salud, ni seguridad, dos de las tres funciones más importantes que el Estado tiene como ente político.

Por su parte, el tema de fentanilo resulta igualmente perverso. El fentanilo es una sustancia que tiene también un uso médico, mismo que debe ser controlado para que no se abuse de ellos. Sin embargo, así sin tomar en cuenta criterios médicos o técnicos, el legislador decidió prohibirlo.

Lejos de la prohibición del vaporizador o del fentanilo, esta reforma viene a reflejarnos en gran medida en lo que México se ha convertido: una hacienda en donde se cumplen los caprichos del capataz.

Primeramente, como se mencionaba en líneas anteriores, la prohibición del vaporizador resulta ridícula. Lo único que pasará ahora será que serán los carteles de la droga los que la distribuyan, aumentando así sus ganancias. En el país de los abrazos no balazos, los únicos que tienen patentes de corso para hacer lo que quieran en él son las organizaciones criminales. No dejará de haber vaporizadores, simplemente que ahora los distribuidores serán los criminales.

Respecto a la prohibición del fentanilo, la misma viene a complicar la tarea de los médicos quienes lo utilizaban para algunos tratamientos. Así sin más, se prohibió.

Pero bueno, vamos a asumir que ambas decisiones son correctas, y que quien está mal en su apreciación soy yo. A pesar de ello, la forma en que se llevaron a cabo estas reformas evidencia el deterioro político que se vive en México.

López Obrador ya no gobierna, aunque evidentemente sigue mandando. Los legisladores del oficialismo han demostrado una abyección absurda de seguir cumpliendo caprichos del expresidente, por más disparatados que los mismos resulten. El hecho de que se esté aprobando esto de esta forma tan acelerada, evidencia la falta de reflexión que existe en el ejercicio legislativo.

Entiendo muy bien que en nuestro sistema político (y casi en todos) la disciplina partidista de los legisladores es importante. Sin embargo, la diferencia entre la disciplina y la renuncia a la razón es abismal. Se pudiera llegar al mismo resultado manteniendo la dignidad de los legisladores. En este caso, es evidente que los legisladores del oficialismo tienen de todo, menos dignidad.

En segundo término parece que a los borregos del oficialismo se les olvidó aquella frase que constantemente repetía López Obrador: prohibido prohibir. Ahora, aplauden toda clase de prohibiciones.

Esta parte me recuerda a todos los apologistas del régimen que decían que no tenían mayorías legislativas para instrumentar toda clase de derechos en México. Curiosamente, tenían las mayorías legislativas para militarizar el país y limitar cada vez más los derechos de los mexicanos.

Por otro lado, el llevar estas prohibiciones a nivel constitucional nos reflejan una enorme falta de técnica legislativa. La Constitución no contiene la palabra ‘cocaína’, sin embargo la misma está prohibida en México, y nadie piensa en permitirla. La Constitución no debe ser una norma que contenga todas las prohibiciones. La legislación secundaria existe para ello. La Constitución debe reflejar únicamente el pacto federal, las funciones de los poderes constituidos, y un catálogo amplio de derechos inalienables e imprescriptibles del ciudadano. Es decir, debe garantizar los derechos del ciudadano y los límites del gobierno. No debe contener cuanta ocurrencia surja de las ‘brillantes’ mentes del oficialismo.

Al ritmo que vamos, la Constitución será un documento de miles de artículos, pervirtiendo así su naturaleza política y organizativa.

Ahora bien, estas reformas son también tiros de calentamiento del régimen. Están midiendo la popularidad que tienen y la recepción de la población a ir restringiendo cada vez más cosas. En esta vorágine de tonterías, al rato vendrán mayores limitaciones a las libertades ciudadanas sin que la gente se queje, porque no alcanzan a percibir que, aunque no use un vaporizador, la reforma es un atentado al régimen de libertades que tanto tiempo tomó construir en México.

Al margen de las consideraciones antes expuestas, existen en México problemas muchísimo más graves que los que el oficialismo considera prioridades. La inseguridad está en niveles inéditos, la crisis en el sector salud es el pan de todos los días, y el gasto público que pretenden ejercer atiende todo, menos eso. Se le sigue destinando dinero público a las obras faraónicas que no funcionan (Tren Maya, Refinería Dos Bocas, etc.) pero nada para las prioridades del momento. Incluso el Congreso se da el lujo de legislar respecto al lenguaje inclusivo, e incluye la palabra “Presidenta” en la Constitución. Como si el problema de México fuera semántico, y no de impunidad.

La población ha caído en un estado de desdén e indolencia que no le importa lo que el gobierno haga, en la medida que los tres mil pesos mensuales sigan llegando. Bien dice el dicho que a la gallina que se va a sacrificar es a la que le echan más maíz. Y así es como se termina con las repúblicas.

Deseo sinceramente que México despierte del enorme letargo en que se encuentra sumido. El resentimiento social ha sido clave para que el gobierno actual haga lo que quiere hacer. Curiosamente quien más pierde con todas estas medidas, siempre son los más vulnerables. Pero si ellos, que serán los más afectados, están felices con el desmantelamiento institucional, entonces no hay mucho por hacer.

Sixto Duarte