Alertan sobre banda de estafadores de vehículos; circulan por redes sociales

La Fiscalía General del Estado ubicó y comenzó a desarticular una presunta banda de defraudadores que operaba un esquema fraudulento de compra y reventa de vehículos en distintas entidades del país.
De acuerdo con las primeras investigaciones, este grupo habría cometido múltiples fraudes que involucrarían transacciones por cientos de miles de pesos, afectando a ciudadanos que confiaron en aparentes compradores de vehículos.
El modus operandi de la banda consistía en contactar a propietarios de vehículos que publicaban sus unidades en venta, principalmente en plataformas digitales o redes sociales. Una vez acordada la cita, los presuntos defraudadores —conformados por personas originarias de Chihuahua, Durango, Coahuila y el Estado de México— acudían los fines de semana para cerrar tratos simulados.
Según la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, optaban por concretar las ventas durante los fines de semana, ya que no existe atención bancaria, y se justificaban diciendo que no podían disponer de todo el dinero. Ofrecían pagos de entre 5 y 20 mil pesos y pedían la entrega del vehículo sin papeles, con la promesa de retomar el trato a inicios de semana. Finalmente, el vehículo en cuestión era vendido en otra entidad del país.
Los delincuentes ofrecían hacer pagos parciales como “anticipo”, asegurando que completarían el monto total en los días siguientes. Con este pretexto, persuadían a los vendedores para que les entregaran el vehículo de inmediato, bajo la promesa de que la documentación sería devuelta en cuanto se concretara el pago final. Sin embargo, una vez en posesión del automóvil, el grupo criminal lo trasladaba rápidamente a otros estados, donde era revendido a precios atractivos, con documentos falsos y sin posibilidad de rastreo inmediato.
La maniobra permitía a los implicados obtener un margen considerable de ganancia, mientras que los legítimos dueños de los vehículos no solo perdían sus automóviles, sino que enfrentaban complicaciones legales y económicas al haber entregado sus bienes sin haber recibido el pago completo.
Las autoridades han identificado un patrón sistemático en estas operaciones, lo que ha permitido establecer líneas de investigación que apuntan a una red organizada, posiblemente con tareas divididas entre quienes ubican a las víctimas, ejecutan el engaño y posteriormente distribuyen los vehículos en otros mercados.
La Fiscalía pidió a la ciudadanía extremar precauciones al vender vehículos, evitar entregar unidades sin antes haber recibido el pago total y, en lo posible, realizar las transacciones en lugares seguros o bajo supervisión notarial o institucional. Asimismo, puso a disposición los canales oficiales de denuncia para aquellas personas que hayan sido víctimas de un esquema similar.
En días pasados, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a Alejandro Ch. V., señalado como presunto responsable de los delitos de fraude, uso indebido de documentos y asociación delictuosa. El imputado fue detenido el pasado lunes 14 de abril por agentes ministeriales, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión y lo presentaron ante un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos para la formulación de cargos.
Durante la audiencia realizada el 15 de abril, el imputado renunció al plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que el Juez, tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, determinó su vinculación a proceso penal. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el procedimiento y se estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Alejandro Ch. V., en complicidad con otros sujetos, llevó a cabo una serie de operaciones fraudulentas simulando contratos de compraventa y permutas de vehículos que no le pertenecían. A través del uso de facturas falsas, los implicados lograron engañar a por lo menos dos víctimas, generando un detrimento patrimonial total de 885 mil pesos: 660 mil pesos a una primera persona y 225 mil a una segunda.
Finalmente, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas reiteró su compromiso con la ciudadanía para investigar y sancionar este tipo de conductas delictivas. Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier situación relacionada con fraudes similares, asegurando que se aplicarán las acciones necesarias para garantizar justicia y proteger a las víctimas.