El 90.3% de los chihuahuenses, con acceso a una alimentación nutritiva

Chihuahua resultó ser la entidad del país con la menor incidencia de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, con el 9.7 por ciento; mientras que en Tabasco fue el 38.9 por ciento de la población, ocupando así la primera posición.

Lo anterior según el artículo ¿Cómo dar seguimiento a la garantía de los derechos sociales? Compendio de indicadores estatales sobre el derecho a la alimentación, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado en agosto de 2024.

Para la medición 2022 –último dato recopilado-, se encontró que 23.4 millones de personas, equivalente al 18.2 % de la población en México, presentaron carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En este sentido, 15 entidades federativas registraron una cifra superior al dato nacional. El sur y centro de México concentran los mayores porcentajes. Destacan Tabasco, Guerrero y Oaxaca con más de una cuarta parte de su población en situación de carencia.

En el citado periodo, Tabasco y Guerrero registraron los mayores porcentajes de población con inseguridad alimentaria severa (17.9 % y 10.9 %, respectivamente), lo cual se refleja en los altos porcentajes de carencia y sus posiciones relativas respecto al resto de las entidades federativas. En contraparte, Baja California y Chihuahua reportaron el 83.1% y 80.1%, respectivamente, de su población con seguridad alimentaria.

En lo que respecta a la limitación en el consumo de alimentos en los hogares, los resultados reportaron que los niveles más altos se ubicaron en Tabasco, Tlaxcala y Oaxaca con porcentajes de 10.4 %, 8.6 % y 8.5 %, respectivamente. Sonora y Chihuahua fueron las dos entidades con el porcentaje más bajo en este sentido.

Aparte, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Chihuahua tienen los porcentajes más elevados de población que vive en hogares con ingreso laboral superior a la línea de pobreza por ingresos. Aunque una gran proporción de entidades registró incrementos respecto a 2016, destacan Nuevo León, Quintana Roo, Ciudad de México, Durango, Campeche y Tlaxcala, donde no se aprecian cambios relevantes en el periodo. Al mismo tiempo, resalta la heterogeneidad entre entidades federativas, por ejemplo, la brecha en este indicador entre Baja California y Chiapas equivalió a 51.3 puntos porcentuales en 2022.

Los resultados muestran que a nivel nacional en 2022 el 48.5 % de la población contó con las condiciones mínimas para preparar alimentos en el hogar. Destacan Chihuahua, Baja California y Sinaloa que registraron los mayores porcentajes en relación con el resto de las entidades (85.1 %, 83.2 % y 80.4 %, respectivamente), en tano que Oaxaca y Guerrero reportaron los niveles más bajos de accesibilidad a estas condiciones. La brecha entre Chihuahua y Guerrero en 2022 fue de 79.3 puntos porcentuales, lo que implica que este indicador reporta las mayores disparidades al interior de las entidades federativas entre aquellos relacionados con el derecho a la alimentación.

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la diversidad favorece el aporte de productos nutritivos al crecimiento físico y mental de las personas en todas las etapas del curso de vida.

En Baja California, Chihuahua y Nuevo León se observa una mayor proporción de personas con seguridad alimentaria y dieta diversa, en estas entidades la incidencia es superior al 75 %; en contraste, los menores niveles en calidad y variedad de la alimentación se observan en Oaxaca, Tabasco y Guerrero, cuyos porcentajes se encuentran por debajo del 45 %.

Del total de programas vinculados al derecho a la alimentación, Coahuila concentra el mayor número de intervenciones con 10, Hidalgo y Tamaulipas le siguen con 9 y 8 programas, respectivamente. Otras entidades como Querétaro, Morelos, Jalisco y Aguascalientes reportaron contar con un programa que atiende la alimentación.

El Coneval destacó que garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad implica la existencia de políticas públicas efectivas basadas en evidencia, que se apoyen en información confiable, accesible y de calidad, que permita generar diagnósticos adecuados y dar seguimiento puntual a los resultados.